En el día de ayer, 20 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Pero esto no termina aún. Queda pendiente ahora el tratamiento en el Senado. Esta situación implica cierto alivio para quienes formamos parte de los distintos colectivos de personas con discapacidad, familiares y profesionales que trabajan en discapacidad; no obstante sabemos que aún hay que continuar defendiendo activamente los derechos. No podemos seguir naturalizando que haya un gobierno que amenaza con judicializar la aplicación de la ley; tampoco es tolerable que a las personas jubiladas se les rechace un aumento mínimo en sus haberes o el acceso a medicación básica; no entendemos cómo hay tanta gente que sigue justificando el desfinanciamiento de hospitales e instituciones educativas y de investigación reconocidas a nivel nacional e internacional.
En definitiva: desde el Observatorio de la Discapacidad de al UNQ repudiamos categóricamente todas las medidas que sostiene este gobierno en contra de derechos humanos fundamentales de la población, mientras sigue endeudando gravemente al país y defiende intereses de corporaciones privadas que obviamente priorizan sus propios negocios sin importarles la industria nacional, la educación, la salud, la generación de trabajo y oportunidades para la mayoría de la población.
Finalmente, exigimos que los actos de corrupción señalados en los audios que protagonizó el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, sean investigados para que no sigan desarrollándose a costa de los sectores que más necesitan de un Estado presente.
Como se advirtió ayer, es importante tener representantes en el poder legislativo que defiendan los valores que cada quien sostiene. Por lo tanto, ante las próximas elecciones, convocamos a la ciudadanía a informarse y reflexionar antes de emitir su voto.