Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos en discapacidad, manifestamos un contundente rechazo a la violencia estatal, política y político sexual en Colombia, y con la misma convicción, expresamos un abrazo solidario y de hermandad para el pueblo colombiano, especialmente para los sectores populares y más pobres, para las comunidades indígenas, afro, niños y niñas, jóvenes y todas las personas con discapacidad dentro de estos sectores, comunidades y grupos. Compartimos la esperanza de un pueblo que resiste en medio de la crisis sanitaria, social, política y económica.
La violencia social y violación de derechos humanos en Colombia son problemáticas de larga data, históricamente manifiestas, pero se agudizan y recrudecen en el escenario de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, hoy no se trata solo de la crisis sanitaria generada por la pandemia (que ha develado las debilidades y corrupción del sistema de salud). Ésta ha dejado en evidencia y agudizado la profunda crisis y las desigualdades económicas, educativas y sociales: en los sectores más vulnerados de la sociedad colombiana, se anuda a una crisis económica, social y política (de gobernabilidad).
Distintos activistas, filósofos, analistas sociales y políticos, señalan que las violencias masivas, más allá de sus contextos, de sus actores sociales y de sus formas a veces muy diferentes de manifestarse, siempre presentan el mismo rasgo común: se trata de “violencias de Estado”. Así las cosas, las y los colombianos están enfrentando los efectos de las guerras contemporáneas, donde para los Estados su enemigo es interno. Se enfrenta un conflicto armado de más de seis décadas, y bajo los influjos de éste, emergen condiciones que conducen a una potenciación de la violencia y a una estigmatización de la vulnerabilidad de cierto conjunto de personas que puede provocar el deseo de destruirlas. En otras palabras, y como lo describe la filósofa Judith Butler en su libro Marcos de la Guerra, bajo los influjos de la guerra, se es capaz de manipular, controlar y potenciar el afecto con relación a la capacidad diferencial que tiene una vida para ser llorada. Se nos junta la crisis de la pandemia con los altos niveles de precarización de la vida, y con ello, privilegiados sociales en un confinamiento productivo que piden no salir a protestar para evitar el contagio, desconociendo que para millones de personas la decisión está en morir de hambre o morir por COVID.
Según un reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz, Abril 28), en lo que ha transcurrido del presente año, han sido asesinados 57 líderes y liderezas sociales. En cuanto a pobreza, según la CEPAL, en el 2020 ésta incrementó del 31,7% al 38,7 % y el desempleo en un 21,8%. Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria aumenta 6,8 puntos porcentuales (42,5%), 21 millones de personas se encuentran en esta posición y el indicador de pobreza extrema subió a 15,1% (5,5 puntos).
La actual crisis en Colombia no puede atribuirse a la protesta social, como ha sido la intención del gobierno y de los grandes medios de comunicación. Claramente se trata de una criminalización de los movimientos y la acción social, que ha conducido a la división de la población colombiana. Las manifestaciones sociales, empezaron el 28 de abril frente al proyecto de reforma tributaria radicado por el presidente Ivan Duque (Ley de Solidaridad Sostenible, 439 de 2021) que incluía un aumento de los impuestos sobre la renta y en productos básicos de la canasta familiar, pero una semana después, constituyen una expresión de la indignación, el cansancio, el miedo, el hambre y la precariedad que afecta a la población más pobre del país.
La ONG Temblores, a través de su plataforma “GRITA”, ha registrado, desde las 6:00 am de abril 28 y las 10:00 am de mayo 6), “1728 casos de violencia policial”, discriminados en: “234 víctimas de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, 934 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 341 intervenciones violentas por parte de fuerza pública, 26 víctimas de agresión en sus ojos, 98 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía, 11 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública”. https://www.instagram.com/p/COi-gLGpV8a/
Las anteriores situaciones (solo por mencionar algunas) no son solo expresiones de las múltiples formas de violencia en el país, sino de diversas formas de discapacitación que forman parte de la producción social de la discapacidad. Estas muestran la historia reciente de la discapacidad signada por la guerra, el conflicto armado y por condiciones sociales, culturales, educativas, económicas y políticas, de forma que patentiza la desafortunada toma de decisiones de los gobernantes. Históricamente, han sido los y las civiles, quienes, forzados a desplazarse por la guerra, sufrieron y sufren las consecuencias de los ataques armados, resultando en el daño a sus cuerpos, como también, más generalmente, de sus derechos fundamentales. También han padecido las consecuencias los y las habitantes de las ciudades atacadas. Esas guerras, a diferencia de lo que ocurre hoy, eran entre dos Estados y aun así las lesiones y sufrimiento de los civiles era abismal. Ahora, como sucede en Colombia, el Estado-nación ataca no solo a grupos de civiles desarmados, sino a aquellos pertenecientes a las comunidades más vulneradas, con lo cual se expresa el abuso de poder y la crueldad que un Estado puede ejercer sobre civiles. Las personas con discapacidad están luchando y siendo violentadas en este marco. Un Estado que rebasado por los argumentos y palabras de quienes buscan justicia, decide, ante la falta de respuestas loables, responder con represión y violencia genocida, a las demandas justas de la sociedad negada, no escuchada y no reconocida. La mirada capacitista, desresponsabiliza al Estado, individualiza y responsabiliza a las personas de su capacidad de resiliencia para superar las adversidades.
Son las juventudes, los y las estudiantes y sus familias, quienes, de manera cruda, han recibido desde abril 28, las más violentas formas de represión. Han sido heridos, asesinados, detenidos de forma arbitraria.
La violencia estatal y del gobierno colombiano, son incapaces de escuchar y dialogar con la ciudadanía en momentos de gran precarización e incertidumbre. Lo anterior se expresa entonces en la represión estatal, en las múltiples restricciones de las libertades, negación de la dignidad, de la libre expresión, del derecho mismo a la protesta y de los derechos básicos de subsistencia. Lo que es leído como ‘’abuso policial’’ pasa a convertirse en una clara violación de los derechos humanos que impide o restringe las esperanzas de una vida buena, del buen vivir de los colombianos y colombianas de todos los sectores de la población.
Pasados varios días y teniendo en cuenta que, justamente las condiciones de precariedad (económicas, educativas, en salud, etc.) que se han venido construyendo desde tantos años atrás, hacen laceraciones muy fuertes a la cotidianidad de las personas, exigimos al Gobierno nacional la desmilitarización del país para iniciar negociaciones convocando de manera inmediata a todas las voces que requieren ser escuchadas.
Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos en discapacidad:
- Acompañamos al pueblo colombiano en esta situación denunciando el abuso de poder que se encuentra profundizando el Gobierno en los últimos días.
- Solicitamos el acompañamiento y difusión de lo que acontece en Colombia a través de distintos organismos e instituciones de la región.
- Exigimos que ya mismo se frene la criminalización y la militarización de la protesta social que produce daños irreparables en la vida de la ciudadanía colombiana.
- Exigimos que se abra de manera inmediata y real la mesa de negociación que convoque a las voces que han estado denunciando los atropellos del Estado y reclamando sobre las necesidades del pueblo colombiano.
7 de mayo de 2021
Grupo de Trabajo CLACSO
Estudios críticos en discapacidad
Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo Estudios críticos en discapacidad y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.